No es primera vez que ocurre que este
gobierno quiera poner orden anarquizando; ya
lo hizo Chávez en el 2005 con la oleada de expropiaciones de
supuestas tierras ociosas que, para eliminar las dudas sí que se
hicieron ociosas luego que las agarró el gobierno, y ahora lo hace
Maduro quien, en un conjunto de medidas para tratar de bajar el
precio del “especulativo” dólar paralelo, no se le ocurre nada
mejor que obligar
a todos los comerciantes a entregar su mercancía al costo o con un
margen de ganancia inferior al 20% sin importar cuándo y con qué
divisas fueron adquiridos los productos. Esta última jugada es un
movimiento suicida que pretende hacer alarde de una fuerza política
que ya no tienen; es como gastar las últimas municiones que le
quedan todas juntas para hacer creer que está más fuerte que nunca
y que además le sobran balas. En el muy corto plazo esto tendrá dos
consecuencias efectivas, primero, dará una falsa sensación de
abundancia y prosperidad ya que el aumento del consumo crecerá
abruptamente durante el mes de noviembre, segundo, hará creer a la
clase baja y media que lo incipientes aumentos salariales del año
tuvieron un poder fortalecedor sobre el presupuesto familiar; todo
esto para poder terminar el año y aprovechar el impulso que necesita
para las elecciones del 8D.
A mediano plazo la balanza se inclinará
al otro extremo, primero, una escasez postguerra en todos los
productos del país, ya no sólo comida sino ropa, electrodomésticos
y cualquier cosa que hayan arrasado en el “blackfriday”
venezolano de noviembre. Segundo, una vez desintoxicados de las
anfetaminas consumistas, la gente se dará cuenta de que tiene menos
poder adquisitivo que en la misma fecha del año pasado. Todo esto
aunado a la fuerte depresión que dará ver tiendas cerradas y
anaqueles vacíos.
Estamos claros que en cualquier
democracia, incluso en las verdaderamente modernas, el gobierno debe
tener un papel medidamente regulador sobre lo que los comerciantes
venden a sus consumidores, en calidad y precio; para eso existirán
organismos como INDEPABIS en Venezuela y sus equivalente fuera de
ella. Ahora bien, si esto hubiera funcionado no había que crear un
“operativo especial” para (ahora sí) proteger al consumidor, y
menos aún, aprovechar esta supervisión para robar a los
comerciantes que, supuestamente, estaban robando al pueblo. Si algún
comerciante recibió dólares CADIVI y quiso aprovechar su escasa
fortuna generando ganancias groseras, que lo detengan y le abran el
proceso de investigación; lo que no podía pasar era que
aprovecharan el hallazgo del comerciante usurero para enviar a una
manada de gente a comprar productos al costo o con un descuento
improvisado anunciado por televisión; eso es anarquía y fomentar el
desorden con la más absoluta irresponsabilidad. Insisto, decomisen
la mercancía, abran la investigación correspondiente y detienen a
los responsables; revisen que las empresas que están interviniendo
sean las que realmente recibieron CADIVI, además, revisen que todas
las empresa que recibieron CAVIDI sean supervisadas. Tanto la
oposición como el gobierno saben que estas medidas a mediano plazo
traerán más problemas que beneficios, el gobierno trata de sacar
provecho a un aumento de la popularidad para noviembre y diciembre
del año en curso, la oposición trata de desenmascarar la demagogia
anticipando el caos que vendrá para el primer semestre del 2014.
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