Ya algunos países como Finlandia y Grecia habían tenido la gentileza y la acertada visión de incorporar el acceso a internet como un derecho constitucional para sus ciudadanos. Este avance es lógico luego de presenciar lo que ha traído Internet al mundo, además, pretende influenciar positivamente el apalancamiento en el uso de las nuevas tecnologías en todas las áreas de la vida humana. Ahora, es una gran noticia, en algunos años la noticia serán los países que aún no lo hayan hecho.
Ya mucho antes de esta determinación, voceros importantes de la sociedad red habían apostado a ello, tal es el caso de Berners-Lee, quien materializó su postura a favor de esta idea en un artículo publicado por "Scientific American" en diciembre de 2010. El artículo puede ser consultado aquí: http://bit.ly/BeRnEsL.
Los argumentos que se han utilizado para justificar esta decisión han sido múltiples, uno de ellos es que la tercera parte de la población mundial ya accede a Internet de manera directa o indirecta; sólo Facebook, que si bien es una de las plataformas más importantes y representativas de la gran red, no es la única, acaba de contar su usuario número 750 millones, lo cual quiere decir que la octava parte de la población mundial posee una cuenta en Facebook.
Ahora bien, para hacer posible que un país decrete el acceso a Internet como un derecho público hace falta cubrir previamente varias cosas. En el caso de Venezuela, donde ni siquiera se ha podido garantizar un servicio eléctrico estable, lograr la masificación real (y con verdaderas garantías de calidad) de Internet es una utopía, por nombrar solo uno de los elementos que serían indispensables. No existe para ningún país posibilidad de desarrollo en los tiempos actuales sin un servicio eléctrico estable, no sólo por Internet y por las condiciones mínimas de vida que necesita cualquier sociedad, sino porque el mundo moderno gira en torno a elementos que dependen de la electricidad.
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